Las Agencias de colocación son entidades que colaboran con los Servicios Públicos de Empleo en la intermediación en el mercado de trabajo, con el fin de ayudar a los trabajadores a encontrar un empleo y a los empleadores a la contratación de los trabajadores apropiados para satisfacer sus necesidades.

            Podrán crear una Agencia de Colocación las personas físicas o jurídicas, cualquiera que sea su naturaleza, que actúe sin fines lucrativos.

            Las condiciones para crear una Agencia de Colocación son:

·        Garantizar el principio de igualdad en el acceso a la bolsa de empleo en España, en su ámbito de actuación.

·        Circunscribir su ámbito de actuación a lo que se determina en el correspondiente convenio de colaboración.

·        No subcontratar con terceros los servicios objeto de la autorización concedida.

·        Estar autorizada por el Servicio Público de Empleo Estatal o Servicio Público de Empleo Autonómico correspondiente.

·       Llevar una contabilidad separada y tener cuenta bancaria independiente y exclusiva para todos los gastos e ingresos derivados de su actividad.

Las agencias de colocación pueden recibir remuneración del empresario y/o del trabajador por los servicios que ésta les preste. Se consideran servicios prestados la oferta o presentación a los empleadores de los trabajadores solicitados por los mismos, siempre que dichos trabajadores se adecuen al perfil profesional de los puestos de trabajo a cubrir que se encuentran en su bolsa de trabajo en España, existente en la empresas.

Las obligaciones de una Agencia de Colocación son remitir al Servicio Público de Empleo Estatal o Servicio Público de Empleo Autonómico correspondiente datos obtenidos de su bolsa de empleo en España sobre:

·        Demandas de empleo encontradas en la bolsa de empleo en España:

o       Altas y bajas de los solicitantes de empleo.

·        Ofertas de empleo:

o       Trabajadores enviados a ofertas de trabajo en España.

o       Trabajadores que hayan declinado presentarse.

o       Trabajadores que hayan rechazado un puesto de trabajo con exposición de los motivos del rechazo.

o       Trabajadores que hayan sido rechazados por la empresa, con causa del rechazo.

o       Trabajadores contratados.